El pasado 12 de octubre, fecha en que se conmemora la Resistencia Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ampliación del plazo de consulta de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La propuesta legislativa, derivada de la reforma al artículo 2° constitucional de 2024, ha tenido una recepción negativa entre una parte importante de los pueblos consultados, quienes han manifestado su rechazo mediante la no participación en el proceso, la oposición a la instalación de mesas de diálogo por parte de las autoridades federales e, incluso, con la interposición de recursos judiciales contra la consulta.

La Propuesta fue dada a conocer en agosto y consta de 453 artículos y 11 disposiciones transitorias. Se trata de un documento extenso, redactado empleando un lenguaje técnico y que regula diversos aspectos de la vida de los pueblos indígenas del país. Pese a su amplitud y complejidad, se otorgó poco más de un mes para que los pueblos y comunidades indígenas conocieran y analizaran su contenido antes de participar en la consulta. Todo ello en un contexto marcado por la intención de presentar la iniciativa ante el Congreso en el marco de la conmemoración de la Resistencia Indígena.

A estas limitaciones se suman otras igualmente problemáticas: ni la convocatoria para la consulta y sus bases, ni la propuesta y sus documentos de apoyo –materiales de divulgación que destacan únicamente los “aspectos positivos” de la Propuesta– fueron traducidos a lenguas indígenas.

Las deficiencias también se manifestaron durante la implementación del proceso. En contravención de lo previsto por la convocatoria, muchas comunidades recibieron información sobre la Propuesta de Ley General apenas unos días antes de la fecha prevista para la consulta, sin contar con el tiempo y las condiciones suficientes para analizar y discutir colectivamente sus disposiciones.

En tales circunstancias, la consulta se convierte sólo en un instrumento de legitimación política en lugar de constituir un mecanismo efectivo para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La realización de ceremonias y la incorporación de otros símbolos de la cultura indígena buscan dotar de legitimidad al proceso, sin subsanar las deficiencias que repercuten en los derechos de los pueblos.

El problema, sin embargo, no se limita a la forma en que se ha llevado a cabo la consulta. Aunque la propuesta introduce aspectos novedosos para el sistema jurídico mexicano, también plantea graves riesgos para el ejercicio de los derechos de autonomía y libre determinación indígenas: la burocratización del reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, la definición estatal de las “afectaciones” a los pueblos indígenas, y las restricciones al ejercicio de sus formas de gobierno son algunos ejemplos de las amenazas de la propuesta al pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Así, en lugar de brindar certidumbre a los pueblos sobre el cómo ejercer sus derechos, la propuesta legislativa podría terminar ofreciendo mayor seguridad jurídica a las autoridades estatales para regular las múltiples expresiones de “lo indígena”, aun cuando ello implique imponer criterios homogéneos a sus sistemas políticos y jurídicos.

El anuncio de la presidenta, al ampliar el plazo de la consulta, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que debió estar presente desde el inicio del proceso: una ley sobre los derechos de los pueblos indígenas requiere escuchar sus voces y garantizar las condiciones para que éstos incidan efectivamente en su contenido. No basta con una legislación robusta; es necesario que su contenido respete su autonomía y su capacidad para decidir sobre sus formas de organización.

Las ceremonias y bastones de mando no bastan cuando de por medio está el ejercicio de los derechos.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla.