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Defensa de la vida, el territorio y bienes naturales, reto para nuevos gobiernos

Hay 860 casos de conflictos socio ambientales en el continente americano y el Caribe, de estos México ocupa el primer lugar en América Latina con 43 casos de problemas mineros: Beatriz Olivera.

Frente al marco de intensificación de la economía neoextractivista basada en condiciones de despojo, que se ha manifestado en deuda pública, privatizaciones y mega proyectos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, de la Universidad Iberoamericana Puebla, organizaron la Jornada en defensa de la vida, el territorio y los bienes naturales.

Dicho espacio estuvo con formado por dos paneles, en el primero el padre José Rosario Marroquín, SJ., académico de la IBERO Puebla, abrió este espacio explicando las principales razones de conflictividad en el sector minero de América Latina, las cuales son consecuencia de desacuerdos del uso, gozo y titularidad de bienes comunes, así como el hecho de cómo la gente se apropia de esos bienes y por ende, se dan los problemas de despojo.

La investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Beatriz Olivera, resaltó que en 1990 el sector minero aportaba menos del 1% en el PIB, mientras que hoy en día aporta el 4.9% del PIB, hecho que se dio gracias al Tratado de Libre Comercio.

“Entre el 70 y 87 porciento de comunidades de centros y municipios productores mineros de oro y plata, tiene niveles mayores de pobreza al promedio nacional”, comentó Beatriz Olvera, al señalar que este año se modificó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGEEPA). “Actualmente se busca la protección del medio ambiente y se propone establecer sanciones para acciones que pueden afectarlo”, indicó Beatriz Olivera.

El representante del Consejo Indígena Tiyat Talli expuso los proyectos hidroeléctricos que están en pausa de la Sierra Norte en Puebla, así como la situación actual del aumento de la delincuencia organizada y año electoral. “Habrá un aumento de violencia debido a la confusión electoral. Estos proyectos de tendido eléctrico se retomarán con el fin de confundir a la población, es el momento para que las organizaciones se unan” puntualizó.

Olivia Montes, integrante del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla-Hidalgo, habló del Consejo como un grupo de siete Consejos de pueblos otomíes y totonacos, el cual busca proteger territorios que se puedan ver afectados por proyectos que no tomen en cuenta aspectos ambientales y sociales que puedan repercutir estos territorios.

Gerardo Pérez, representante de la Asamblea del Agua, definió esta Asamblea como un movimiento de defensa para el derecho comunitario al agua, que no solo es un recurso natural, sino que es para una población, lo que representa su identidad e historia.

“En Puebla, un poco más de 1 millón de habitantes no cuentan con agua potable ni alcantarillado. Desde el 2001, Vicente Fox siembra la semilla de la privatización de servicios públicos básicos”, subrayó Gerardo Pérez.

Por último, los representantes Salvador López y Francisco Cravioto de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y defensas ambientales plantearon que la educación, formación y la comunicación son herramientas importantes para el cambio. “Es crucial que los municipios y comunidades tenga organización y comités, donde comiencen a conocer sus propios problema y hablar de ellos para poder solucionarlos”.

En el segundo panel sobre la Defensa de la vida participaron Mina Navarro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la montaña y Costa Chica de Guerrero, la Comunidad de San Miguel del Progreso, los Colectivos de jóvenes de Cuetzalan Tajpianij, así como integrantes de la Asamblea Social del Agua.

La mesa estuvo moderada por Meyatzin Velasco Santiago, responsable de temas educativos del PRODH. Ahí la especialista destacó que el trabajo que llevan con el IDHIE, busca abrir espacios para visibilizar lo que pasa en Puebla, en el país y en otras partes del mundo, para construir nuevas realidades.

Velasco Santiago enfatizó que es bien sabido que Puebla es una de las entidades con mayor número de proyectos de muerte o megaproyectos, específicamente en la Sierra Norte, territorio en donde las comunidades han visto amenazados sus recursos naturales a causa de proyectos mineros, hidroeléctricos y ahora con el gasoducto que atraviesa desde Tula, Hidalgo.

A decir de Meyatzin Velasco, Puebla es uno de los estados que más concesiones mineras concentra y eso tiene que ver con su ubicación geográfica, pero sobre todo por la conservación de recursos que han hecho los pueblos originarios.

Al hablar de las afectaciones que generar los gasoductos, los expertos enfatizaron que los daños causados no se incluyen en la Reforma Energética, puesto que en el imaginario colectivo pareciera que un trabajo de esta naturaleza es solo un insignificante tubo, pero no es así.

“Ello implica kilómetros y kilómetros de tala de árboles, espacios que cruzan pueblos enteros y que tiene como consecuencia temas de inseguridad, tal como ha sucedido con el robo de combustible, pues como bien sabemos un tema de esta índole implica la intromisión del crimen organizado, ejercito, etc.”, calificó la representante del Centro PRO.

Para los integrantes de dichas comunidades, el problema principal va más allá de las obras. Al ser pueblos originarios, estos no han sido consultados, fenómeno que ha sido una constante en Puebla, tanto por el gasoducto Tuxpan-Tula como muchos otros proyectos.

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